Abiertos 240 expedientes por infracciones a ley de caza y pesca
El Consell de Mallorca ha instruido 240 expedientes en materia sancionadora por infracciones a la Ley de caza y pesca fluvial, si bien se prevé que este número aumente entre 25 y 30 recursos cuando concluya la temporada cinegética.
Según ha informado en un comunicado, la Dirección Insular de Caza ha intensificado la vigilancia durante la temporada cinegética de 2013 y, por ello, ha instruido estos expedientes en materia sancionadora por infracciones a la ley de caza y pesca fluvial, a raíz de la potenciación de las jornadas de vigilancia y las tareas de investigación que se han llevado a cabo las con la estrecha colaboración del Seprona.
Las tareas de vigilancia se han hecho más patentes en los casos más graves, que provocan un perjuicio importante al medio ambiente, causan alarma social, y conflictividad dentro del colectivo, y cuyas sanciones pueden llegar a comportar el pago de hasta 20.000 euros.
El departamento de Medio Ambiente se ha centrado en el control cinegético para garantizar el cumplimiento de la normativa en número de capturas, con el objetivo de velar para que los cazadores no excedan los límites diarios de piezas, una tarea que se ha puesto más de manifiesto en el caso de los tordos, que esta temporada han sido muy abundantes en determinadas zonas y momentos.
Algunos de estos expedientes pueden acabar en la vía penal por circunstancias añadidas a las armas de caza, a la fuga u obstrucción del cazador ante la autoridad, y también en casos de falsedad documental.
En este sentido, la Dirección Insular de Caza ha continuado con las actuaciones rutinarias de control de cariz administrativo (caducidad de la licencia de caza, del seguro o no tener encima la autorización del titular del coto, entre otros).
El Consell ha remarcado que la crisis económica ha provocado un aumento del número de infracciones por falta de renovación de la licencia de caza y otros permisos sujetos a tasas, en casos de cazadores ocasionales que antes sí la renovaban. Este tipo de expedientes pueden llegar a suponer una infracción grave que va de 451 a 2.000 euros, si bien pueden pasar a ser leves si los interesados aportan documentación vigente el día de la denuncia, llegando a comportar una sanción de entre 60 y 450 euros.
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